Argentina es un país federal con tres niveles de gobierno que tienen la facultad constitucional de recaudar impuestos y contribuciones y de proveer una amplia variedad de bienes y servicios públicos. Para ello; la constitución nacional permite al gobierno nacional y a las 24 provincias a recaudar impuestos indirectos, mientras que reserva para el primero la facultad de aplicar impuestos sobre el comercio exterior y a las segundas la de aplicar impuestos directos. Por otro lado, el texto constitucional resguarda la autonomía política y la autarquía financiera de más de 2000 gobiernos locales, sujetas a las normas que a este fin se dicten en las constituciones y leyes provinciales.
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Sin embargo, tres rasgos salientes merecen destacarse en el escenario federal fiscal argentino; en primer lugar, y desde la década del treinta en el siglo pasado, se estableció un mecanismo de arreglos fiscales interjurisdiccionales entre el gobierno nacional y las provincias, basado en la coparticipación de impuestos y mediante el cual las últimas delegaron en el gobierno nacional la recaudación de los principales impuestos indirectos (originalmente el Impuesto a las Ventas y más tarde el Impuesto al Valor Agregado, entre los más importantes) y el Impuesto a los Ingresos de Personas Físicas y de las Firmas, una parte de cuyo producido vuelve al nivel subnacional (distribución primaria) para ser asignada a las provincias (distribución secundaria). Las provincias establecieron a su vez mecanismos similares de coparticipación de impuestos mediante el cual instrumentaron las relaciones fiscales con los municipios localizados en sus jurisdicciones.
El segundo rasgo se refiere a los procesos acelerados de descentralización que tuvieron lugar en los
El tercer punto se refiere a la creciente importancia alcanzada por los gobiernos municipales, no solo en términos de gasto sino también cuando se analiza la evolución de sus ingresos; debe mencionarse en este sentido que, a partir de un umbral relativamente bajo, los ingresos tributarios municipales propios crecieron permanentemente y alcanzan ahora a más del 5% de la recaudación tributaria consolidada nacional. Este porcentaje, que responde al uso de las fuentes tributarias locales y a una mejora en la administración tributaria municipal, se incrementa considerablemente con las transferencias provinciales por coparticipación y las transferencias nacionales y provinciales discrecionales destinadas a financiar determinados programas de gastos corrientes y de capital y la inversión municipal en infraestructura.
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El hecho de que las municipalidades accedan a nuevas y mayores fuentes de financiamiento es también una respuesta directa a sus crecientes responsabilidades de gasto, en la medida en que la típica operación y gestión local evolucionó desde la satisfacción de los servicios municipales básicos a un escenario en el que los gobiernos locales se hallan ahora involucrados con la provisión de un conjunto de bienes públicos que no eran tradicionalmente considerados de responsabilidad municipal, tales como los programas de desarrollo económico y de fortalecimiento del empleo local y los programas específicos de salud, bienestar social y vivienda orientados a reducir la pobreza y facilitar la inclusión social.
A la luz de lo mencionado, el estudio del financiamiento local concita tanto el interés teórico como el empírico, en razón de lo cual este proyecto intenta parcialmente clarificar la economía política de los gobiernos municipales argentinos. En este sentido, se plantea el objetivo de analizar que variables (económicas, políticas, demográficas) se correlacionan mejor con las fuentes tributarias y de esa forma explicar los fundamentos de la recaudación de ingresos públicos por parte de los municipios; asimismo, se profundizará sobre las reglas que gobiernan la distribución de transferencias nacionales y provinciales a este nivel gubernamental.
Estrechamente vinculado a lo anterior, se intentará evaluar si los gobiernos locales persiguen objetivos de autonomía financiera y de solvencia fiscal (sostenibilidad fiscal) y si la respondabilidad (accountability) de los gobiernos municipales se refleja en la economía política de este nivel de gobierno o si es demandada por los contribuyentes locales; en una segunda etapa, se abordará el análisis de si la distribución de transferencias discrecionales guarda alguna relación con determinados esquemas, como por ejemplo esfuerzos conjuntos (matching grants) para realizar trabajos públicos o encarar programas municipales.
El artículo se inicia con un breve tratamiento conceptual del escenario institucional federal de los gobiernos municipales argentinos (sección 2) e incluye, con el fin de extraer conclusiones preliminares de la evidencia empírica, el análisis de hechos estilizados a partir del desempeño financiero de un número de municipios seleccionados en la provincia de Córdoba ( sección 3); la verificación de hipótesis sobre el desempeño del financiamiento local se llevará a cabo mediante un modelo de datos de panel, alimentado con información relevante de los presupuestos municipales (sección 4), mediante el cual se estimarán los coeficientes de las variables que se espera expliquen el comportamiento de los recursos municipales propios y reflejen los rasgos políticos institucionales que determinan la distribución de transferencias. Finalmente, se presentarán conclusiones (sección 5).
Se espera, en particular, que los resultados econométricos del modelo de datos de panel, al mismo tiempo que provea evidencias empíricas que enriquezcan la literatura sobre la economía política de los gobiernos locales, contribuya con conclusiones con implicancias de política económica que ayuden a los formuladores de política a mejorar y hacer más efectivos los mecanismos de distribución y asignación de transferencias desde los niveles superiores de gobierno a los municipios.
Argentina es un país federal con tres niveles de gobierno que tienen la facultad constitucional de recaudar impuestos y contribuciones y de proveer una amplia variedad de bienes y servicios públicos. Para ello; la constitución nacional permite al gobierno nacional y a las 24 provincias a recaudar impuestos indirectos, mientras que reserva para el primero la facultad de aplicar impuestos sobre el comercio exterior y a las segundas la de aplicar impuestos directos. Por otro lado, el texto constitucional resguarda la autonomía política y la autarquía financiera de más de 2000 gobiernos locales, sujetas a las normas que a este fin se dicten en las constituciones y leyes provinciales.
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Sin embargo, tres rasgos salientes merecen destacarse en el escenario federal fiscal argentino; en primer lugar, y desde la década del treinta en el siglo pasado, se estableció un mecanismo de arreglos fiscales interjurisdiccionales entre el gobierno nacional y las provincias, basado en la coparticipación de impuestos y mediante el cual las últimas delegaron en el gobierno nacional la recaudación de los principales impuestos indirectos (originalmente el Impuesto a las Ventas y más tarde el Impuesto al Valor Agregado, entre los más importantes) y el Impuesto a los Ingresos de Personas Físicas y de las Firmas, una parte de cuyo producido vuelve al nivel subnacional (distribución primaria) para ser asignada a las provincias (distribución secundaria). Las provincias establecieron a su vez mecanismos similares de coparticipación de impuestos mediante el cual instrumentaron las relaciones fiscales con los municipios localizados en sus jurisdicciones.
El segundo rasgo se refiere a los procesos acelerados de descentralización que tuvieron lugar en los
El tercer punto se refiere a la creciente importancia alcanzada por los gobiernos municipales, no solo en términos de gasto sino también cuando se analiza la evolución de sus ingresos; debe mencionarse en este sentido que, a partir de un umbral relativamente bajo, los ingresos tributarios municipales propios crecieron permanentemente y alcanzan ahora a más del 5% de la recaudación tributaria consolidada nacional. Este porcentaje, que responde al uso de las fuentes tributarias locales y a una mejora en la administración tributaria municipal, se incrementa considerablemente con las transferencias provinciales por coparticipación y las transferencias nacionales y provinciales discrecionales destinadas a financiar determinados programas de gastos corrientes y de capital y la inversión municipal en infraestructura.
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El hecho de que las municipalidades accedan a nuevas y mayores fuentes de financiamiento es también una respuesta directa a sus crecientes responsabilidades de gasto, en la medida en que la típica operación y gestión local evolucionó desde la satisfacción de los servicios municipales básicos a un escenario en el que los gobiernos locales se hallan ahora involucrados con la provisión de un conjunto de bienes públicos que no eran tradicionalmente considerados de responsabilidad municipal, tales como los programas de desarrollo económico y de fortalecimiento del empleo local y los programas específicos de salud, bienestar social y vivienda orientados a reducir la pobreza y facilitar la inclusión social.
A la luz de lo mencionado, el estudio del financiamiento local concita tanto el interés teórico como el empírico, en razón de lo cual este proyecto intenta parcialmente clarificar la economía política de los gobiernos municipales argentinos. En este sentido, se plantea el objetivo de analizar que variables (económicas, políticas, demográficas) se correlacionan mejor con las fuentes tributarias y de esa forma explicar los fundamentos de la recaudación de ingresos públicos por parte de los municipios; asimismo, se profundizará sobre las reglas que gobiernan la distribución de transferencias nacionales y provinciales a este nivel gubernamental.
Estrechamente vinculado a lo anterior, se intentará evaluar si los gobiernos locales persiguen objetivos de autonomía financiera y de solvencia fiscal (sostenibilidad fiscal) y si la respondabilidad (accountability) de los gobiernos municipales se refleja en la economía política de este nivel de gobierno o si es demandada por los contribuyentes locales; en una segunda etapa, se abordará el análisis de si la distribución de transferencias discrecionales guarda alguna relación con determinados esquemas, como por ejemplo esfuerzos conjuntos (matching grants) para realizar trabajos públicos o encarar programas municipales.
El artículo se inicia con un breve tratamiento conceptual del escenario institucional federal de los gobiernos municipales argentinos (sección 2) e incluye, con el fin de extraer conclusiones preliminares de la evidencia empírica, el análisis de hechos estilizados a partir del desempeño financiero de un número de municipios seleccionados en la provincia de Córdoba ( sección 3); la verificación de hipótesis sobre el desempeño del financiamiento local se llevará a cabo mediante un modelo de datos de panel, alimentado con información relevante de los presupuestos municipales (sección 4), mediante el cual se estimarán los coeficientes de las variables que se espera expliquen el comportamiento de los recursos municipales propios y reflejen los rasgos políticos institucionales que determinan la distribución de transferencias. Finalmente, se presentarán conclusiones (sección 5).
Se espera, en particular, que los resultados econométricos del modelo de datos de panel, al mismo tiempo que provea evidencias empíricas que enriquezcan la literatura sobre la economía política de los gobiernos locales, contribuya con conclusiones con implicancias de política económica que ayuden a los formuladores de política a mejorar y hacer más efectivos los mecanismos de distribución y asignación de transferencias desde los niveles superiores de gobierno a los municipios.
Argentina es un país federal con tres niveles de gobierno que tienen la facultad constitucional de recaudar impuestos y contribuciones y de proveer una amplia variedad de bienes y servicios públicos. Para ello; la constitución nacional permite al gobierno nacional y a las 24 provincias a recaudar impuestos indirectos, mientras que reserva para el primero la facultad de aplicar impuestos sobre el comercio exterior y a las segundas la de aplicar impuestos directos. Por otro lado, el texto constitucional resguarda la autonomía política y la autarquía financiera de más de 2000 gobiernos locales, sujetas a las normas que a este fin se dicten en las constituciones y leyes provinciales.
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Sin embargo, tres rasgos salientes merecen destacarse en el escenario federal fiscal argentino; en primer lugar, y desde la década del treinta en el siglo pasado, se estableció un mecanismo de arreglos fiscales interjurisdiccionales entre el gobierno nacional y las provincias, basado en la coparticipación de impuestos y mediante el cual las últimas delegaron en el gobierno nacional la recaudación de los principales impuestos indirectos (originalmente el Impuesto a las Ventas y más tarde el Impuesto al Valor Agregado, entre los más importantes) y el Impuesto a los Ingresos de Personas Físicas y de las Firmas, una parte de cuyo producido vuelve al nivel subnacional (distribución primaria) para ser asignada a las provincias (distribución secundaria). Las provincias establecieron a su vez mecanismos similares de coparticipación de impuestos mediante el cual instrumentaron las relaciones fiscales con los municipios localizados en sus jurisdicciones.
El segundo rasgo se refiere a los procesos acelerados de descentralización que tuvieron lugar en los
El tercer punto se refiere a la creciente importancia alcanzada por los gobiernos municipales, no solo en términos de gasto sino también cuando se analiza la evolución de sus ingresos; debe mencionarse en este sentido que, a partir de un umbral relativamente bajo, los ingresos tributarios municipales propios crecieron permanentemente y alcanzan ahora a más del 5% de la recaudación tributaria consolidada nacional. Este porcentaje, que responde al uso de las fuentes tributarias locales y a una mejora en la administración tributaria municipal, se incrementa considerablemente con las transferencias provinciales por coparticipación y las transferencias nacionales y provinciales discrecionales destinadas a financiar determinados programas de gastos corrientes y de capital y la inversión municipal en infraestructura.
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El hecho de que las municipalidades accedan a nuevas y mayores fuentes de financiamiento es también una respuesta directa a sus crecientes responsabilidades de gasto, en la medida en que la típica operación y gestión local evolucionó desde la satisfacción de los servicios municipales básicos a un escenario en el que los gobiernos locales se hallan ahora involucrados con la provisión de un conjunto de bienes públicos que no eran tradicionalmente considerados de responsabilidad municipal, tales como los programas de desarrollo económico y de fortalecimiento del empleo local y los programas específicos de salud, bienestar social y vivienda orientados a reducir la pobreza y facilitar la inclusión social.
A la luz de lo mencionado, el estudio del financiamiento local concita tanto el interés teórico como el empírico, en razón de lo cual este proyecto intenta parcialmente clarificar la economía política de los gobiernos municipales argentinos. En este sentido, se plantea el objetivo de analizar que variables (económicas, políticas, demográficas) se correlacionan mejor con las fuentes tributarias y de esa forma explicar los fundamentos de la recaudación de ingresos públicos por parte de los municipios; asimismo, se profundizará sobre las reglas que gobiernan la distribución de transferencias nacionales y provinciales a este nivel gubernamental.
Estrechamente vinculado a lo anterior, se intentará evaluar si los gobiernos locales persiguen objetivos de autonomía financiera y de solvencia fiscal (sostenibilidad fiscal) y si la respondabilidad (accountability) de los gobiernos municipales se refleja en la economía política de este nivel de gobierno o si es demandada por los contribuyentes locales; en una segunda etapa, se abordará el análisis de si la distribución de transferencias discrecionales guarda alguna relación con determinados esquemas, como por ejemplo esfuerzos conjuntos (matching grants) para realizar trabajos públicos o encarar programas municipales.
El artículo se inicia con un breve tratamiento conceptual del escenario institucional federal de los gobiernos municipales argentinos (sección 2) e incluye, con el fin de extraer conclusiones preliminares de la evidencia empírica, el análisis de hechos estilizados a partir del desempeño financiero de un número de municipios seleccionados en la provincia de Córdoba ( sección 3); la verificación de hipótesis sobre el desempeño del financiamiento local se llevará a cabo mediante un modelo de datos de panel, alimentado con información relevante de los presupuestos municipales (sección 4), mediante el cual se estimarán los coeficientes de las variables que se espera expliquen el comportamiento de los recursos municipales propios y reflejen los rasgos políticos institucionales que determinan la distribución de transferencias. Finalmente, se presentarán conclusiones (sección 5).
Se espera, en particular, que los resultados econométricos del modelo de datos de panel, al mismo tiempo que provea evidencias empíricas que enriquezcan la literatura sobre la economía política de los gobiernos locales, contribuya con conclusiones con implicancias de política económica que ayuden a los formuladores de política a mejorar y hacer más efectivos los mecanismos de distribución y asignación de transferencias desde los niveles superiores de gobierno a los municipios.
